Entre los servicios que proporcionan se encuentran el de mensajería y correspondencia, domicilio fiscal y comercial, horas de uso de las zonas de trabajo compartido (co-working), uso de casilleros para guardar el equipo de cómputo, contestación personalizada de las llamadas telefónicas, auxilio secretarial, e incluso, asistentes personales.

Sus precios dependen de su localización, de los servicios que se adquieran y el tiempo por el que se haga.

Sin menoscabo de que lo que se facilita es el uso del espacio, no se trata de un arrendamiento, porque en realidad no se está otorgando el uso o goce de un inmueble sino que solo se configura una prestación de servicios.

A pesar de la enorme proliferación de estos modelos de negocios, su regulación es nula en la legislación mexicana, por ello queda en el arbitrio del derecho civil, dado que es una obligación adquirida entre particulares.

Otra peculiaridad es que de conformidad con el CFF, el domicilio fiscal que se presta como servicio en una oficina virtual, no cumple con los parámetros para ser estimado así. Sin embargo, en la práctica se utiliza como una estrategia tributaria, sobre todo porque el SAT no revisa de manera correcta si cumple o no con los requisitos para tomarlo como tal, y por lo tanto, lo dan por válido.

De cualquier manera, las oficinas virtuales son una alternativa eficaz para quienes comienzan con un negocio, porque les brinda una imagen corporativa profesional a un precio relativamente bajo, esquemas dinámicos de trabajo, movilidad, sedes estratégicas, etc.